El Congreso de los Diputados del país ibérico aprobó esta semana la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que busca adaptar el sistema de ciencia, tecnología e innovación a las circunstancias actuales del país.

La Ley, tal como lo publica el periódico El Mundo, sustituirá a la de 1986 y quiere evitar la fuga de cerebros por medio de diferentes medidas, como la creación de una Agencia Estatal de Investigación; la oferta de diferentes clases de contratación para los científicos y los investigadores y la reorganización de los organismo públicos de investigación.

El texto, que fue debatido y votado en la Comisión de Ciencia e Innovación espera ahora el debate en el Senado español, donde todavía puede tener modificaciones. Tiene por objeto tiene por objeto “establecer un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación”, según se afirma desde el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

La página del Ministerio publica que se trata de un proyecto que se elaboró de manera conjunta con las Comunidades Autónomas, las universidades, los agentes sociales, los expertos en investigadores y los ciudadanos que participaron ofreciendo sus visiones de lo que debe ser una ley de CTi.

Se trata de un paso más para apoyar las nuevas necesidades que genera un territorio del conocimiento y que, seguramente, se convertirá en referente para muchas otras regiones que quieren abrirse camino en el ecosistema global de ciencia, tecnología e innovación para la competitividad.